Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC): “En Oslo el diálogo debe ser encausado en el marco de la Constitución”

Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Gustavo Márquez Marín declaró que el diálogo en Noruega es aún muy frágil y que debe ser fortalecido

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución se pronunció con respecto a las conversaciones que mantienen en Noruega los representantes de la oposición, encabezados por la Asamblea Nacional (AN), y del gobierno de Nicolás Maduro. Al respecto, sugieren que este proceso “debe ser encausado en el marco de la Constitución”.

La plataforma conformada por Héctor Navarro, Gustavo Márquez Marín, Oly Millán, Santiago Arconada, Ana Elisa Osorio, Esteban Masonyi y Juan García, enfatizan su propuesta de una referéndum consultivo, para renovar los Poderes Públicos, en los artículos 5, 70 y 71 de la Carta Magna, lo que conlleve a la convocatoria de unas elecciones presidenciales.

Los ex miembros del Gabinete del presidente Hugo Chávez incluyen en esta propuesta un acuerdo político “para reestructurar el CNE por consenso”, además de exigir el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

Gustavo Márquez Marín, ex ministro de Comercio Exterior, expresó que ambas representaciones no han llegado a un acuerdo, luego de mantener varias conversaciones porque “están repitiendo el mismo esquema de República Dominicana”, en 2018, lo que les genera preocupación.

“La noticia que ellos dan es que no se llegó a un acuerdo. Ya ahí hay una carga muy clara de negación al diálogo. Cuando se trata de un diálogo para dirimir un conflicto político el objetivo es acabar con el conflicto. El diálogo no puede terminar cuando una de las partes dice ‘hoy no nos pusimos de acuerdo’. Eso lo que refleja es que es un diálogo muy frágil que hay que fortalecer”, dijo Márquez.

ORIGINAL DE DOCUMENTO PRESENTADO EN LA RUEDA DE PRENSA

REFERÉNDUM CONSULTIVO PARA ENCAUZAR EL DIÁLOGO DE OSLO

HACIA UNA SALIDA PACÍFICA, CONSTITUCIONAL Y SOBERANA

Desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC) saludamos como una señal positiva,  el  proceso de diálogo y negociación política entre la alianza opositora que dirige la Asamblea Nacional (AN) encabezada por el diputado Juan Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro, que se inició en Oslo auspiciado por el gobierno noruego. Sin embargo consideramos que, para que ese esfuerzo no termine en otro fiasco que sirva de justificación a los factores internos y externos que apuestan a la ruta de la violencia y la intervención extranjera para inducir el cambio político, el diálogo debe ser encausado en el marco de la Constitución con el fin  de avanzar, con el protagonismo popular, hacia la restitución de las instituciones democráticas  Esta es precisamente la propuesta que venimos haciendo enfocada en la convocatoria a un Referéndum Consultivo en los términos establecido en el artículo 5,70 y 71 de la misma, para que el pueblo decida si quiere relegitimar los poderes públicos nacionales y en consecuencia, convocar a elecciones nacionales a esos fines. Dicha consulta debería estar precedida por un acuerdo político para reestructurar el CNE por consenso a fin de garantizar la plena confiabilidad del árbitro y simultáneamente, exigir a EEUU el levantamiento de las sanciones económicas que están agravando el sufrimiento y la precarización de la vida de los venezolanos en que ha devenido, como secuela de la crisis hiperinflacionaria generada por el gobierno de Nicolás Maduro, reconocida en el reciente informe del Banco Central de Venezuela publicado luego de tres años de silencio vergonzante.

Son muchas las amenazas que acechan el diálogo. El principal factor de riesgo son los propios interlocutores que se han sentado en la mesa de negociación. Son dos minorías que se disputan el poder y mantienen posiciones extremas al margen de la Constitución, las cuales, según casi todos los sondeos de opinión juntas representan menos de la mitad los venezolanos.

En un extremo de la mesa, con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el gobierno autoritario militar-cívico de Maduro, avanza en su doble juego para mantenerse en el poder. Mientras dice promover el diálogo y habla de elecciones parlamentarias anticipadas utilizando la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC), intensifica la represión para debilitar y desmoralizar a la oposición atrincherada en la Asamblea Nacional (AN). Se justifica para ello  con los intentos fallidos de golpe de estado  promovidos por Washington, tanto el del 23F en la frontera con Colombia, como el del 30A en las cercanías de la Base  Militar  de La Carlota en Caracas. 

En el otro extremo, el sector opositor no-democrático  que lidera el diputado Juan Guaidó del partido Voluntad Popular (VP), respaldado por el gobierno  de EEUU, insiste en que la precondición para llegar a cualquier diálogo es la previa salida de Miraflores de Maduro, para luego continuar con un gobierno de transición autoritario y excluyente, encabezado por él -en la doble condición de jefe del poder ejecutivo y legislativo- y regido por el estatuto “supraconstitucional” que aprobó la AN, derogando de facto la Constitución e  igualándose con ello a la Asamble Nacional Constituyente. En dicho “Estatuto de Transición” se plantea la reestructuración la FANB con el apoyo de la eufemísticamente llamada  “comunidad internacional” integrada por EEUU y sus aliados, así cómo el “ajuste” del sistema electoral, para finalmente convocar a unas “elecciones libres”. Simultáneamente, adelanta sin pudor reuniones con el Comando Sur y el Departamento de Estado de EEUU para coordinar el plan de invasión que también “está sobre la mesa” de Trump y exigir el incremento de las sanciones a Venezuela. Siguiendo el juego del “Estado paralelo”, de hecho actúa como operador de dichas sanciones, como ocurre  en la confiscación y congelamiento de activos de la República en el exterior. 

Mientras transcurren los primeros escarceos en Oslo entre las cúpulas del gobierno-PSUV y el sector de la oposición que lidera VP en la AN, teniendo como telón de fondo las negociaciones tras bastidores de EEUU con Rusia y con China para conciliar intereses geopolíticos en torno a Venezuela y su destino, hay un país expectante que se debate entre el calvario de emigrar a otras tierras en la búsqueda de mejores condiciones de vida o intentar resistir a los embates de una crisis económica y de gobernabilidad de horizonte incierto, sobreviviendo entre el desamparo, la desesperanza, la indigencia y la vulnerabilidad que derivan de la inseguridad, la fragmentación familiar, la carencia de alimentos, de asistencia sanitaria, de servicios públicos y de empleo. Un país que se siente cada vez más distante de las élites políticas que se disputan el poder, porque constata que éstas no lo representan y están atrapadas en una polarización que ha convertido en fantasmas las instituciones que deberían estar al servicio de los ciudadanos. Un país que no quiere la guerra y cree que somos los venezolanos los que debemos decidir nuestro destino. Un país que rechaza cualquier intervención extranjera, que piensa que el diálogo y la negociación debe ser el camino para restablecer la confianza, avanzar hacia la reconciliación y la reconstrucción nacional.

Hacemos parte de un amplio sector de la oposición democrática al gobierno de Maduro, integrado por movimientos políticos y sociales, que diferimos de la posición extremista acoplada a la “ruta EEUU-Guaidó” y nos hemos deslindado de cualquier salida violenta que implique un golpe de estado o una intervención extranjera y apostamos al diálogo y la negociación, como el instrumento necesario e insustituible, para lograr el cambio político mediante una salida pacífica, electoral, constitucional, soberana e incluyente, que permita la reconciliación y la reinstitucionalización del país a través del restablecimiento de la Constitución. Este sector ha venido creciendo mientras las movilizaciones populares convocadas por Guaidó y los recientes estudios de opinión revelan el desgaste del liderazgo opositor que él encarna, como resultado de fracaso de la política de fragmentar la FANB promovida desde Washington.

Esta oposición democrática apuesta al éxito del diálogo de Oslo, aunque teme que como ocurrió en otras ocasiones, termine imponiéndose de nuevo la línea extremista de los halcones de la Casa Blanca. Por eso creemos que nuestra propuesta de Referendo Consultivo Constitucional  debe ser considerada por los factores dialogantes en Oslo.

La aplicación de la ruta Guaidó-EEUU supone la salida por la fuerza de Nicolás Maduro de la presidencia, pues no parece previsible que ello ocurra de manera voluntaria como consecuencia de las presiones políticas y económicas internacionales, mientras el gobierno mantenga el soporte de la FANB. Ésta ha demostrado en las últimas intentonas golpistas del 23F y  del 30A, que más allá del descontento y las contradicciones existentes en sus filas, mantiene su lealtad institucional al gobierno de Maduro. Hay razones que explican esa conducta, entre las que tiene un peso decisivo la amenaza expresa contenida en el llamado “estatuto de la transición, aprobado por la AN, en el cual se plantea la reorganización estructural, antes de las elecciones, de la institución armada, lo que se haría con el apoyo de EEUU y sus aliados. Esa propuesta parte de la premisa de que a la Fuerza Armada hay que hacerla de nuevo, con la hipótesis de que está destruida y “ha sido tomada por bandas de criminales y narcotraficantes”. Presumiendo que todos son delincuentes, dicho estatuto tuvo como antecedente la promesa de otorgarles el perdón a todos los militares que se acojan a la llamada “Ley de Amnistía” aprobada por la AN, y que reconozcan a Guaidó como “presidente legítimo”. Está claro que una cosa es plantear un proceso de revisión de la institución armada, como parte de un debate nacional, una vez que se produzca la superación de la crisis política existente por decisión del pueblo soberano, y otra bien diferente es, plantear su tabula rasa para debilitar el Estado Nación venezolano. Es evidente el rechazo absoluto, por parte de la FANB de tal despropósito. En estas circunstancias extraordinariamente críticas, corresponde a la FANB asumir plenamente su papel de garante de la soberanía, sirviendo exclusivamente a la Nación, para que seamos los venezolanos, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución, los que ejerciendo la soberanía popular a través de la democracia directa y de acuerdo al mandato constitucional (art. 333) definamos nuestro destinos, lo cual es posible a través del Referéndum Consultivo para decidir sobre un asunto de “especial trascendencia nacional” y de esa manera arbitrar una salida entre dos poderes públicos que se disputan la legitimidad.

Ante el riesgo de que la iniciativa de Oslo sea destruida nuevamente por la polarización y el saboteo de los extremistas que hacen vida en el seno de los dos factores en pugna o sea víctima de los intereses geopolíticos de las grandes potencias que se disputan la hegemonía global, desde la PCDC proponemos salirle al paso a los profetas de la guerra y del odio, mediante una estrategia de fortalecimiento del “Diálogo de Oslo” con base en los siguientes principios:

El Diálogo debe ser nacional e incluyente

Si algo hay que aprender de las experiencias exitosas de los procesos de diálogo y negociación para la resolución de conflictos políticos es, que su eficacia está vinculada a la confianza que le otorguen los ciudadanos a los interlocutores, en la medida en que éstos representan los intereses de la sociedad en su conjunto, y no simplemente sus propios intereses. Esto es especialmente más crítico, cuando quienes tienen la responsabilidad de dialogar, por distintas razones, carecen de un liderazgo consolidado del espacio político que dicen representar y además, llevan sobre sí la pesada carga de presiones de actores internacionales que pugnan por el control de los recursos naturales de la Nación. Esa legitimidad sólo se logra con un desempeño transparente y enviando señales inequívocas al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que lo que se discute y eventualmente se resuelva allí, son asuntos de Estado que atañen  a la Nación en ejericio pleno de su soberanía y, por lo tanto, la agenda y la participación diversa y plural de todos los sectores políticos y sociales de la vida nacional debe estar garantizada. El diálogo debe ser nacional e incluyente y sus conclusiones deben estar respaldadas por la legitimidad que otorga la soberanía popular, cuando se trata de decidir asuntos de especial trascendencia y de impacto intergeneracional como es el caso actual de Venezuela. La Constitución ofrece la vía a través del ejercicio de la democracia directa y referendaria.

Acompañamiento internacional sin injerencia

El diálogo y la negociación es y debe ser siempre entre venezolanos. Solo es aceptable la mediación neutral por actores que así lo garantice y el acompañamiento de buena fe de países amigos comprometidos con el respeto al principio del derecho a la paz y a la autodeterminación del pueblo venezolano.

Constitucionalización del Diálogo con el Referéndum Consultivo

El propósito central del diálogo es la búsqueda de una salida a la crisis político institucional que sea electoral, soberana y constitucional. El diálogo debe inscribise en el marco de la Constitución, en la cual están contenidos los preceptos que rigen la convivencia social legitimada por todos los venezolanos sin excepción, así se garantizará que su dinámica conduzca inercialmente hacia ese objetivo. En ella están contenidos no sólo los principios y valores de independencia y soberanía que informan el Estado Nación venezolano, sino también, los instrumentos mediante los cuales es posible canalizar una crisis de gobernabilidad como la que vive hoy Venezuela a través del ejercicio de la soberanía popular. De hecho, en 1999 la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde a la convocatoria del referéndum consultivo que decidió la convocatoria a una constituyente, con base en la Constitución anterior (1961), sin que esta figura estuviese contemplada en el texto de la misma, aunque sí en la Ley del Sufragio, por considerar que la manera de solventar la crisis política de entonces (1998) sin romper el estado de derecho era, darle la voz al pueblo para que decidiera el curso de la acción a seguir. Aunque en otro contexto, la historia se repite y de nuevo los venezolanos debemos enfrentar el desafío de una crisis política que podría desembocar en una fractura de la sociedad y en una guerra civil con participación internacional, si ésta no se canaliza por la vía pacífica y constitucional.

En esta hora aciaga para la República, en la que está en juego la soberanía, la paz y la propia existencia de la Nación venezolana, se impone repetir la experiencia exitosa que dio origen al proceso constituyente de 1999. El referéndum consultivo permitiría enmarcar el diálogo dentro de la Constitución y dejar en manos del soberano la decisión sobre la legitimidad de los poderes públicos. De esa manera quedaría sin base la intervención de factores externos en los asuntos que solo competen a los venezolanos, con lo cual el diálogo podría fluir hacia una transición que restituya la gobernabilidad democrática soberana y permita  la atención inmediata de la emergencia emergencia social compleja que padece la sociedad venezolana.

APOSTAMOS AL DIÁLOGO PARA GARANTIZAR LA PAZ!

REFERÉNDUM CONSULTIVO PARA DARLE CAUCE CONSTITUCIONAL AL DIÁLOGO DE OSLO!

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